La movilidad urbana en México representa uno de los retos más apremiantes para las ciudades del país. A medida que la urbanización crece, también lo hacen las demandas sobre los sistemas de transporte, la infraestructura vial y las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso equitativo y sostenible a la movilidad. Sin embargo, este panorama está llena de desafíos estructurales, sociales y ambientales.

Una de las principales problemáticas es el tráfico vehicular, que afecta a ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras ciudades del país. La dependencia del automóvil privado ha resultado en tráfico excesivo, tiempos de traslado prolongados y una disminución significativa en la calidad de vida.

Según estudios recientes del índice Tom Tom Traffic que publicó en febrero la revista Global UNAM, menciona que de un conteo evaluando el tráfico de 387 ciudades alrededor del mundo, donde se consideró factores como el promedio de viaje, los gastos en combustible y las emisiones de CO₂, “la Ciudad de México ocupa el puesto 13 a nivel mundial”. Igualmente, señala que sus “habitantes pierden aproximadamente seis días y ocho horas al año en el tráfico (152 horas), generando 983 kilos de CO₂. Lo que equivale a llenar el tanque de gasolina ocho veces”.

Aunque las ciudades mexicanas cuentan con sistemas de transporte público como autobuses, metro y tren ligero, éstos suelen ser insuficientes para satisfacer la demanda. Problemas como el hacinamiento, la falta de mantenimiento y rutas ineficientes generan una experiencia de usuario poco atractiva, lo que lleva a que muchos prefieran utilizar vehículos particulares y, por ende, un crecimiento desmedido del parque vehicular. Según datos del INEGI actualizados a septiembre de 2024, circulan en México 58 millones 199 mil 293 vehículos (automóviles, camiones y motocicletas). Para dar una idea de su crecimiento, en 1980 solo existían 5 millones 758 mil 330 automotores en nuestro país.

La desigualdad social también se refleja en la movilidad urbana. Las personas de menores ingresos suelen vivir en las periferias, donde el acceso al transporte público es limitado o costoso. Esto crea un ciclo de exclusión en el que las poblaciones vulnerables enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades laborales, educativas y sociales. Sobre esta situación, la última encuesta intercensal del INEGI menciona que “1,720,145 personas (18% de la población capitalina) se trasladan del Estado de México a la CDMX para estudiar o trabajar, tardando en traslados entre una y dos horas en promedio diario”.

Sumado a lo anterior, el transporte es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en México. La alta concentración de vehículos y el uso de combustibles fósiles contribuyen significativamente a la contaminación del aire, lo que agrava los problemas de salud pública y acelera el cambio climático. Según datos de la Secretaría de Medios Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, la contaminación provoca en la capital del país cerca de 48 mil muertes al año por enfermedades relacionadas por la contaminación ambiental.

La gasolina adulterada que se vende en México es otro factor que incide en la calidad del aire y en la salud de la población. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) estima que el 30% de las gasolinas comercializadas en el país tienen algún grado de adulteración, lo que representa un grave riesgo para los vehículos, una mayor contaminación ambiental y atenta a la seguridad de los conductores.

Para abordar estos desafíos, es fundamental implementar estrategias integrales que incluyan: ampliar y modernizar los sistemas existentes de transporte público para garantizar que sean accesibles, eficientes y sostenibles; promover la movilidad activa que permita crear infraestructura segura y adecuada para peatones y ciclistas; diseñar políticas de uso de suelo donde se fomente desarrollos urbanos compactos que reduzcan la necesidad de desplazamientos largos.

Además, se debe impulsar una transición a vehículos eléctricos, a través de establecer incentivos para la electrificación del transporte público y privado; desarrollar una educación y sensibilización en la población para cambiar la percepción cultural hacia una movilidad más sostenible y equitativa, así como también que el Estado garantice la calidad de las gasolinas que se expenden en México.

La movilidad urbana es un derecho fundamental y un componente clave para el desarrollo sostenible de cualquier país. Abordar sus desafíos no solo mejorará la calidad de vida de millones de mexicanos, sino que también contribuirá a un futuro más inclusivo y resiliente para las ciudades de nuestro territorio nacional.